Playa Tomada

Imagen: Mapio │ Edición: Lucid

«Cada verano, las playas de la capital son un campo de batalla. La tensión se expresa entre los ciudadanos que quieren usar el sector público y la seguridad privada que pretende impedirlo. El centro de la discusión es el dinero, que desemboca en una serie de hechos discriminatorios y apropiaciones indebidas. Y que al parecer, no terminará hasta que logren adueñarse del litoral». 

La ruta desde el Centro de Lima hacia la Playa de Ancón, es larga. Más aún cuando aumenta la temperatura y es necesario hacer paradas para hidratarse. Al llegar a la costa, clavamos una colorida sombrilla como si se tratara de una bandera en la Luna y desdoblamos las toallas, dispuestos a disfrutar de una brisa natural, sin contaminación. De pronto, se desencadenó una gran riña a pocos metros de nosotros, un hombre moreno, alto y fornido; irrumpe e impide que unos jóvenes bañistas se ubiquen cerca a una acomodada residencia, y posteriormente dijo: «Señores, no pueden quedarse aquí, es un espacio privado». El grupo de jóvenes replicó, argumentando (y con razón) que la playa es pública. El gran hombre lo negó y comenzó el jaleo, los insultó, empujó y desalojó. Esto encendió la chispa de la trifulca junto a otros bañistas. Hubo escándalo, barullo y griterío. Minutos después, el gran hombre desistió de continuar la pugna y con frescura dijo: «Muy bien señores, quédense, pero no hagan ruido».

Un año después del incidente, ha comenzado una nueva temporada de verano y las denuncias de discriminación y apropiación indebida no paran de presentarse en las comisarías distritales. Desde el 2013, la Defensoría del Pueblo, organismo encargado de defender los derechos fundamentales del ciudadano, ha expresado «la necesidad de adoptar diversas medidas para asegurar el acceso irrestricto a las playas». Y los medios de comunicación han decidido hacer público las denuncias de maltrato e intimidación contra los ciudadanos agredidos por agentes privados que impidan cruzar esa franja absurda e imaginaria en medio del litoral. ¿Cuántos metros exactamente son de uso público, dónde empieza y claro, dónde finaliza? Tiempo después del hecho, sigue siendo una incógnita, no lo sé yo, no lo sabe el grupo de bañistas y tampoco lo sabe el hombre de seguridad.

Sin embargo, reflexionando, notamos que los muchachos de la seguridad privada de los balnearios limeños, no tienen una tarea fácil. Ellos personifican la gran barrera aristocrática que divide a los ricos y pobres; y va más allá, porque son los encargados de hacer el trabajo sucio, ese mismo que fomenta una irracional exclusividad de las playas públicas. Quizás, a mediados del siglo pasado, aún se respiraba la arrogancia del patrón adinerado que asistía a un balneario de élite junto a sus semejantes y que negaba cualquier consentimiento para que otros, se bañen en sus aguas. Pero los tiempos han cambiado y las medidas también, esa brecha de superioridad ha desaparecido y con mayor razón en las playas, porque es ahí donde todos estamos desnudos, todos somos simples mortales y todos somos iguales.

Con el pasar de los años, los centros veraniegos exclusivos se han disipado, generando el desplazamiento de las grandes masas populares hacia lugares, entonces, inaccesibles. Así pues, los distritos con litoral se prepararon para los cambios, modificando el aspecto de sus ciudades para recibir a los nuevos visitantes. Y aunque siguen existiendo, en menor grado, las zonas exclusivas, son los mismos propietarios los que ya no se esperanzan en la llegada de un importante multimillonario para poder pagar las cuentas, sino que ven en la gente común, una importante fuente de ingresos. Las playas son responsabilidad del Estado y es su deber evitar que llegue a manos de concesiones privadas. Los organismos estatales deben ser contundentes, y como diría un geek de la tecnología: «Asegurar, de una vez, que las playas son de dominio público».